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10 de mayo de 2011 | Noticias | Derechos humanos | Luchadores sociales en riesgo
El país que no quería tener rey
Protestas en Bahréin sufren dura represión, ante las críticas de comunidad internacional
La represión no ha cesado en Bahréin, un pequeño país del Golfo Pérsico. A las cientos de detenciones de manifestantes contrarios al régimen monárquico gobernante se ha sumado la persecución a los profesionales de la medicina que atendieron a las personas heridas durante las protestas, la tortura de los detenidos e incluso la sentencia de muerte para cuatro manifestantes acusados de matar a dos policías durante las protestas. A estos hechos, se agrega ahora la destrucción de mezquitas chiíes por parte del régimen, que profesa la rama suní del islam.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó la semana pasada su “profunda preocupación” por estos hechos, a los que se añaden las denuncias de manifestantes fallecidos bajo custodia policial recogidas por la oficina de la Alta Comisionada.
En declaraciones a la agencia Europa Press, Pillay afirmó: “Debe haber investigaciones independientes sobre las muertes bajo custodia policial y las acusaciones de tortura. Las autoridades bahreiníes deben detener la intimidación y el acoso a los defensores de derechos humanos y activistas políticos, y asegurar que se respetan sus derechos fundamentales, civiles y políticos".
Naciones Unidas ha calculado en mil el número de personas que permanecen arrestadas por haber participado de las protestas, aunque el régimen sostiene que se trata de 400. Según informó Europa Press, muchas de estas detenciones se realizaron mientras los manifestantes estaban recibiendo atención médica, tras haber sido heridos en las movilizaciones.
Por otra parte, el régimen ya comenzó el proceso judicial contra 21 activistas, entre los que figuran los líderes de la oposición política del país. Según la organización de derechos humanos Human Rights Watch, uno de estos imputados estaría hospitalizado luego de que le propinaron una golpiza mientras se encontraba detenido. El régimen, una vez más, negó que esto fuera así, y declaró a la prensa que tanto los activistas como los grupos de derechos humanos podían manifestarse libremente en Bahréin, agregando que para ello incluso contaban con el apoyo del gobierno.
También se encargó de aclarar que el primero de junio levantará el estado de emergencia que rige en el territorio bahreiní, lo que coincide con el plazo que tiene para comunicar a los responsables del premio de Fórmula 1 que se lleva adelante en el país si se realizará la carrera de este año.
Mientras tanto, no sólo organismos de derechos humanos manifiestan su postura crítica con respecto a lo que sucede en Bahréin, sino que la opinión pública internacional está incrementando su cuestionamiento a las violaciones a los derechos fundamentales perpetradas por el régimen.
Una muestra de ello es que en su edición de hoy, el Washington Post sugirió que el gobierno de Estados Unidos, que es un firme aliado de la monarquía bahreiní, debería retirar su 5ª Flota de la Armada del país del Golfo Pérsico.