Radio Mundo Real

En el marco del II Foro Público: Agrocombustibles en Colombia, convocado por organizaciones sociales y no gubernamentales como continuidad del trabajo de la Misión Internacional de Verificación que recorriera cinco regiones de ese país en julio de 2009, dialogamos con el sacerdote Luis Carlos Inojosa quien enumera las nefastas consecuencias de los cultivos para carburantes sobre los derechos humanos y el acceso a la alimentación de las comunidades.

Este Foro se efectuó en la sede universitaria de Bogotá el pasado viernes 4 de noviembre con la finalidad de visibilizar los conflictos e impactos que sufren las comunidades locales en su vida, su cultura y sus territorios, debido al desarrollo de los proyectos de agrocombustibles.

Las exposiciones demostraron la profundización de los procesos de violación de DDHH que ya en 2009 la Misión Internacional, que contó con la participación de Radio Mundo Real había verificado y planteado en espacios gubernamentales y sociales de ese país.

La convocatoria al Foro fue un esfuerzo de organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), miembros de Vía Campesina Colombia, Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, Grupo Semillas y Fundación Compromiso.

En entrevista con Radio Mundo Real Luis Carlos Inojosa se refiere a las consecuencias de la expansión de los cultivos de palma africana (aceitera) con destino a biodiesel que han sido impulsados por el gobierno colombiano desde hace una década especialmente en la región del Bajo Atrato fronteriza con Panamá.

Este territorio posee una biodiversidad tan alta como la Amazonía, puesto que pertenecen a la misma región biogeográfica de bosque húmedo tropical, lo cual le significó un reconocimiento como Reserva Forestal en 1957 por su intensa y endémica biodiversidad, unida a una cultura de hidroselva.

La población de esta región padeció entre 1997 y 2001 operaciones militares y de fuerzas ilegales del paramilitarismo que, bajo el pretexto de combatir a la guerrilla, generaron el desplazamiento de poblaciones afrodescendientes, indígenas y mestizas de estas cuencas.

Esto implicó que buena parte del territorio legalmente reconocido como propiedad colectiva (43.700 ha. en la cuenca de Curvaradó y 54.973 ha. en la cuenca de Jiguamiandó) fuese usurpado ilegalmente. Producto de este proceso de expropiación, hasta el día de hoy se han producido en la zona más de 140 crímenes de lesa humanidad y quince procesos masivos desplazamiento forzoso, informó a Radio Mundo Real Diego Rodríguez de la organización CENSAT-Agua Viva.

En respuesta, las comunidades han optado por la constitución de Zonas Humanitarias como estrategias de permanencia en sus territorios y de protección de sus derechos.

Escuche el testimonio y análisis del Padre Luis Carlos Inojosa.

Foto: contagioradio.com