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23 de agosto de 2012 | | | | |

Juicio ético

Comenzó en Paraguay proceso de enjuiciamiento social al Parlamento que ejecutó el golpe de Estado

A dos meses de derrocado Fernando Lugo como presidente paraguayo están claros los intereses a los que el nuevo gobierno beneficia: liberación de nuevos transgénicos, instalación de transnacionales mineras, represión en el campo mediante nuevos desalojos a campesinos y persecución de radios comunitarias.

No obstante, las organizaciones sociales mantienen viva la llama de la denuncia y la resistencia al régimen de facto de Federico Franco y los partidos conservadores paraguayos.

Como parte de ello, este miércoles 22 de agosto fue lanzado el proceso de Juicio Ético al Parlamento paraguayo por parte de decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientalistas y de comunicación comunitaria articuladas en la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia.

Se trata de un proceso que se extenderá hasta el mes de noviembre de este año en el cual se busca formular una denuncia cívica formal contra el Congreso por el incumplimiento de sus deberes constitucionales, especialmente por la utilización arbitraria de la figura del Juicio Político que a la postre derrocó a Lugo, quien sin embargo se encuentra en el país y ha alentado la resistencia civil al régimen.

El Juicio Ético es una herramienta de monitoreo y control ciudadano sobre el funcionamiento y gestión de los principales órganos de poder público que se encuentra amparada por la Constitución del Paraguay.

Así lo comentó en entrevista con Radio Mundo Real Norma Giménez, de la organización Sobrevivencia-Amigos de la Tierra Paraguay.

“Consideramos que nos robaron nuestro derecho de participación ciudadana. El Parlamento no nos representa y no tiene el derecho de actuar en nuestro nombre”, señaló Norma.

El Tribunal inició un proceso de recepción de denuncias y se espera que el 22 de noviembre tenga lugar la audiencia pública y la aprobación del veredicto, para lo cual se solicitará al Congreso asignar su defensa a un abogado.

La integración del Tribunal es la siguiente:
• Luis Lezcano Claude, doctor en Ciencias Jurídicas y ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia;
• Margarita Durán, doctora en historia y autora de numerosas investigaciones históricas en archivos nacionales y extranjeros;
• Ignacio Telesca, doctor en historia, docente universitario, investigador, miembro de la Academia Paraguaya de la Historia;
• Line Bareiro, abogada y politóloga, dedicada a la investigación social y política, docente, militante por la democracia, los derechos de las mujeres, la igualdad y la no discriminación;
• Dionisio Gauto, de reconocida trayectoria como defensor de los derechos humanos, abogado y licenciado en Derecho Canónico;
• Bartomeu Melia, lingüista, sacerdote jesuita, autor de numerosos estudios y ensayos sobre lengua, etnografía e historia guaraní.

Nuevos desalojos y viejos intereses

En la misma jornada en que se lanzaba el Juicio Ético al parlamento, unos 700 agentes de la policía paraguaya y efectivos de la Unidad Montada desalojaron con carros hidrantes al asentamiento 3 de mayo, a 88 kilómetros de la capital de ese país, donde residían desde hace un año 137 familias.

Un integrante de la comunidad, Euterio González, sostuvo que las tierras eran parte de las más de siete mil hectáreas de una hacienda, donde mantenían sus siembras, por lo que se encontraban negociando su pago con el titular de los terrenos.

"Ahí están nuestras plantaciones de poroto y otras siembras en proceso de crecimiento y la gente está volviendo para ocupar nuevamente el lugar a pesar de lo peligroso que es, porque no tienen dónde vivir", declaró González.

Norma Giménez de Sobrevivencia - Amigos de la Tierra Paraguay indicó que bastaron quince días para que el régimen de facto mostrara su verdadero rostro y sus intereses a defender.

Señaló que aceleradamente se libraron autorizaciones para eventos transgénicos de maíz y algodón de la multinacional estadounidense Monsanto sin haberse cumplido el principio precautorio de inocuidad.

Y en el caso de la minera canadiense Rio Tinto se anularon las consultas públicas y estudios de impactos que debían ser condición previa a otorgar los permisos para su instalación en el país.

El proceso de instalación de la minera contaba con una hoja de ruta que culminaría en 2016, la cual, sin embargo, fue anulada en la primera quincena de gestión de Federico Franco.

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