Radio Mundo Real

Fue encontrado en su propio local de trabajo muerto el jueves 21 de febrero. La causa, un tiro directo a la cabeza, que las autoridades rápidamente atribuyeron a una “bala perdida”. Juan Pablo Jiménez era presidente del sindicato N° 1 y de la Federación de Trabajadores de la empresa de ingeniería eléctrica Azeta, y venía conduciendo un largo e intenso proceso de luchas por derechos laborales en el seno de esta empresa.

Ninguno de sus familiares, ni de sus compañeros de trabajo, ni tampoco las organizaciones sociales y sindicales de Chile suscriben la hipótesis de que la bala que dio muerte al dirigente haya sido “perdida”. De hecho, esta posibilidad ha sido ya eliminada. La indignación y la presión de la familia y de sus compañeros hizo que la policía de investigaciones, que había arrojado la hipótesis sin contar con pruebas y a escasas horas del hecho, se tuviera que retractar.

El sábado 26, organizaciones de trabajadores y de estudiantes, junto a familiares de Juan Pablo Jiménez realizaron una manifestación para reclamar verdad y justicia. La Central Única de Trabajadores (CUT) se declaró en estado de alerta en relación al hecho. Asimismo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) manifestó su solidaridad, exigiendo que se investigue el caso a fondo.

La importancia del rol que tenía Jiménez en la lucha por los derechos laborales desde sus sindicatos es clara, como lo expresó la periodista Javiera Olivares en entrevista con Radio Mundo Real. Según Olivares, quien es vocera de la Coordinadora de Trabajadores de Comunicaciones y Vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Chile, al día siguiente de su muerte, el dirigente sindical tenía prevista una audiencia en la Dirección del Trabajo, en la cual denunciaría abusos laborales cometidos por la empresa Azeta.

Durante el año pasado, Jiménez condujo un proceso de negociación colectiva que terminó sin acuerdos y por lo cual los trabajadores decidieron ir a huelga hacia fines del año. El trabajador había realizado además varias denuncias por despidos injustificados y por falta de condiciones para la seguridad en el trabajo.

Las organizaciones sociales se mantienen alertas y movilizadas ante el asesinato del dirigente sindical, con la preocupación principal de que el hecho sea investigado de forma exhaustiva y denunciando la escasa importancia que el gobierno le ha dado.,

La entrevista completa con Javiera Olivares en el audio adjunto.