Radio Mundo Real

La reciente aprobación en Ecuador de un nuevo Código Penal motivó un llamamiento de la organización indígena Ecuarunari a mantener activa la resistencia y en rechazo a lo que considera una “criminalización de la protesta social”.

El presidente de Ecuarunari, la Confederación Kichwa del Ecuador, Carlos Pérez Guartambel, quien es abogado de profesión, condenó los contenidos del nuevo código, aprobado a propuesta del Ejecutivo de Rafael Correa y que entrarían en vigencia a mediados de año.

Pérez fustigó el carácter represivo del nuevo Código, al que le adjudicó intenciones de acallar la protesta social en el Ecuador, comparándolo con estructuras de países totalitarios y aún de dictaduras latinoamericanas. “Toda resistencia en Ecuador y con este régimen se va a pagar en la cárcel”, señaló Pérez Guartambel quien precisamente ha sido procesado por encabezar un proceso de resistencia civil a la privatización de las fuentes de agua, en las inmediaciones de la ciudad de Cuenca, de la que es oriundo.

A juicio del dirigente indígena el Código reformado apunta a “consolidar un poder hegemónico y monárquico” en Ecuador acumulando y endureciendo penas. Las mayores protestas o al menos las más sonoras, respecto a este nuevo Código Penal surgieron de la mano de los médicos, al penarse duramente las muertes por una acción “peligrosa, ilegítima e innecesaria”.

Pérez Guartambel se solidarizó con los médicos y denunció que la obligatoriedad de contratar un seguro redundará en un negocio millonario promovido desde el Estado.
Anunció que presentarán un recurso de incostitucionalidad contra la norma, así como una propuesta alternativa, en el plazo de seis meses que dista hasta su entrada en vigor.

Y, en rueda de prensa junto a dirigentes del magisterio y sindicalistas, llamó a redoblar la resistencia a megaproyectos mineros y de agronegocios en su país.