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16 de febrero de 2016 | | | | | |

La pena mínima

Ecos y coletazos de penalización impuesta en enero a represa de Hidroituango en Colombia

La sanción que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales colombiana impuso al proyecto hidroeléctrico Hidroituango es “casi irrisoria”, dijo a Radio Mundo Real la vocera del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Ríos Vivos del departamento de Antioquia, Isabel Zuleta.

La medida preventiva de suspensión inmediata de la construcción de la vía que va de Puerto Valdivia a la presa (en el norte antioqueño), porque se arrojaron desechos de esa obra al río Cauca, no tiene “la contundencia que esperábamos, porque los pescadores están sin comida, los barequeros están sin trabajo” a causa de esa afectación ambiental, consideró la activista.

Además, Zuleta subrayó en entrevista realizada ayer la importancia de que “la comunidad internacional sepa que el ejercicio de presión política que tuvo que hacer el Movimiento Ríos Vivos, para un procedimiento que se supone administrativo y sencillo de una denuncia ambiental, fue grandísimo”.

El equipo técnico del Grupo de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había hecho visitas de seguimiento a la zona afectada por las obras de la vía del 5 al 7 de octubre y del 11 al 13 de noviembre de 2015, por un requerimiento del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Ríos Vivos.

Luego ese equipo recomendó imponer la medida preventiva de suspensión inmediata de la construcción de la vía de Puerto Valdivia a la presa, porque la empresa “no estaba dando cumplimiento a las obligaciones previstas en la Licencia Ambiental”, según la resolución 0027 del 16 de enero de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

“Los volúmenes de material aportados desde la vía son abundantes y sepultan la vegetación baja, fracturan y arrastran especies arbóreas y finalmente se depositan en el cauce del río Cauca y son arrastrados por sus aguas”, agrega el documento de enero, entre otras cosas. La compañía a cargo del emprendimiento, Empresas Públicas de Medellín, deberá reparar el daño ambiental.

En la entrevista del lunes con Radio Mundo Real Zuleta contó que Empresas Públicas de Medellín despidió ahora a “alrededor de 1800 obreros de la zona, según los cálculos que hemos realizado, que estaban a cargo de esta parte de la obra”. “Y acusaron al Movimiento Ríos Vivos de ser responsable de este despido masivo. No se nos hace responsables por exigir derechos (en este caso a un ambiente sano), sino de violar el derecho al trabajo”, dijo, lo que preocupa a los defensores ambientales porque se los deja en una posición de vulnerabilidad e inseguridad.

Zuleta también se refirió a la crítica situación de barequeros y pescadores desalojados por la fuerza pública para las obras de Hidroituango en la zona que va del Puente Pescadero hacia arriba, a las playas Sardinas y Guayacán de Ituango. El Movimiento Ríos Vivos espera que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales también se expida sobre esa situación, que también verificó en sus visitas a la zona en octubre y noviembre pasados.

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