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28 de junio de 2017 | | |

Inaceptable

22 eurodiputados pidieron que se suspenda el tratado de libre comercio con el Mercosur por la situación de Brasil

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El lunes 26 de junio, 22 miembros del Parlamento Europeo pidieron a la Comisión Europea interrumpir “inmediatamente” la negociación de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur) debido a “la grave situación de los derechos humanos” que se vive en Brasil. Entre otros puntos, señalaron las masacres y la creciente violencia en el campo, así como la represión de las protestas sociales.

La carta está dirigida a Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y a Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la Comisión Europea. Fue impulsada por Xabier Benito, integrante del partido español Podemos, y cuenta con el apoyo de parlamentarios del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL), del Grupo de Los Verdes, de socialdemócratas y liberales.

Quiebre

Los parlamentarios manifestaron preocupación por la crisis política que estalló en Brasil el 17 de mayo, cuando el multimedio O Globo difundió una conversación del empresario Joesley Batista en la que el presidente Michel Temer avalaba continuar pagando sobornos por el caso de corrupción Lava Jato.

“Ante el aumento de la violencia en el campo, el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas sociales del país así como las investigaciones judiciales contra el gobierno de Temer, es absolutamente inaceptable que la Comisión Europea prosiga la negociación de un acuerdo de comercio con el Mercosur sin considerar la grave situación de los Derechos Humanos en Brasil y subordinando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a los intereses económicos y comerciales de la Unión Europea”, expresaron los parlamentarios.

La carta detalla la gravedad de la situación. Alude a “un gobierno investigado por corrupción” en el que el Tribunal Superior de Justicia investiga a Temer y allegados por supuestos delitos de corrupción, obstrucción de la Justicia y asociación ilícita, y en el que el Tribunal Superior Electoral investiga la financiación de su campaña electoral de 2014.

“En Brasil, la democracia y el Estado de Derecho están quebrados”, aseguraron los parlamentarios, dando cuenta de que la ciudadanía brasileña pide elecciones directas, puesto que Temer asumió luego de un juicio político para destituir a la ex presidenta Dilma Rousseff. Dan cuenta del aumento de la represión policial y las violaciones a los derechos humanos, evidentes por “graves casos de represión de las Fuerzas de Seguridad del Estado contra las manifestaciones”. Advierten, además, que el Poder Legislativo aprobó varias iniciativas para limitar el derecho de reunión y de manifestación, y cuestionan que el Poder Judicial no investiga abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el grave problema que enfrentan las comunidades indígenas y quilombolas así como decenas de miles de familias del campo que año a año son desplazados forzadamente de las tierras que habitan”, dijeron. Citaron datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, que ha contabilizado más de 90 asesinatos en el campo desde 2016, un incremento de 39% de amenazas de muerte, 205% de la violencia física y 232% de crecimiento del número de familias expulsadas de sus territorios. Por todo eso, se sumaron “al repudio y la preocupación expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las recientes masacres en Brasil”, en relación al asesinato de trabajadores en el estado de Pará durante 2017.

Por otra parte, dieron cuenta de que según informes de Global Witness, “Brasil es el país más peligroso de la región latinoamericana en cuestión de defensa de los Derechos Humanos y del medioambiente”.

Propuestas
Además de interrumpir las negociaciones del tratado comercial con el Mercosur, los parlamentarios pidieron a la Comisión Europea que evalúe el “impacto sobre los derechos humanos de las relaciones de comercio e inversión existentes entre la Unión Europea y los países del Mercosur en la línea con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Le pidieron a la Comisión Europea que exija a las autoridades que continúen con la investigación de las violaciones de derechos humanos y atienda “las causas estructurales de los conflictos vinculados a la lucha por la reforma agraria”. Le solicitaron a la Comisión Europea que le recuerde a Brasil su obligación de adoptar medidas para prevenir el desplazamiento de personas desalojas. A la Unión Europea le pidieron que se reúna en los estados de Pará, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul con actores de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, así como comunidades y con trabajadores y poblaciones afectadas.

Imagen: https://www.flickr.com/photos/midianinja

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