Así lo explican varias voces en este informe especial desde Brasil para Radio Mundo Real articulado desde Amigos de la Tierra Brasil.

Lo que está en juego es el Decreto 4887 de 2003, base de “todo lo que fue hecho en relación a las comunidades” a través de procesos de titulación y referencia jurídica para el denominado Programa Brasil Quilombola, dice a nuestros micrófonos Onir de Araújo, del Frente Quilombola de Río Grande del Sur (RS). A su juicio, la anulación del Decreto significaría un riesgo de profundización de la violencia que sufren las comunidades indígenas y quilombolas de Brasil.

Se define como “quilombola” en el mismo Decreto de la Presidencia de la República Federativa del Brasil a los grupos “étnico raciales, de acuerdo a criterios de auto-atribución, con trayectoria histórica propia, dotados de relaciones territoriales específicas, con presunción de ancestralidad negra relacionada con la resistencia a la opresión histórica sufrida”.

El Decreto en su artículo 6to. asegura a las comunidades de los quilombos “la participación en todas las fases del procedimiento administrativo, directamente o a través de representantes por ellos indicados”.

“Es importante que no solamente haya movilización en Brasilia sino también en los estados” explica Onir. “Debemos enfrentar esta situación que resulta muy difícil”, agrega en relación a la decisión que se apresta a tomar el Supremo Tribunal Federal (STF).

“Aniquilar derechos”

Por su parte Roberto Leibgott, del Consejo Indigenista Misionero (RS) señala que de prosperar en el STF las tesis que impugnan el Decreto por presunta inconstitucionalidad representarían una aniquilación de derechos consagrados.

Quienes cuestionan el Decreto que reglamenta el mandato constitucional apelan a la denominada tesis de “marco temporal” de la Constitución brasileña de 1988: aquellas comunidades que no se encontraran en ese momento en sus territorios, perderían derecho a reclamarlos, explica Roberto en el diálogo. “Se trata de un regreso a la situación de la Colonia, donde esos pueblos no tenían ningún derecho”, enfatiza.

Por su parte, Patricia Gonçalves de Amigos de la Tierra Brasil inscribe este intento de desapropiación a las comunidades indígenas y quilombolas en un retroceso de derechos en Brasil a partir del encaramamiento en el poder del Michel Temer tras haber desplazado ilegítimamemnte a Dilma Rousseff a través de un mecanismo de juicio político.

Asimismo, la activista ambiental añade que el intento de vulnerar los derechos adquiridos está ligado a una mayor presión sobre los territorios de parte de proyectos extractivos yde mercantilización/financiaraización de la naturaleza.

“Amigos de la Tierra Brasil se posiciona junto a las familias y demás integrantes del Frente Brasil Quilombola en este escenario de guerra”, culminó diciendo Patricia en el audio adjunto.