La medida daría cumplimiento parcial a un reclamo de varias comunidades y organizaciones locales, que este jueves 22 realizan precisamente una movilización contra la proliferación de concesiones a mineras metálicas a cielo abierto.

Según difundió en un despacho la agencia española EFE Chinchilla dijo en rueda de prensa en la capital costarricense: “Lo que vamos a hacer a partir del 8 de mayo es tomar las medidas necesarias para que, en primer lugar, esa actividad desaparezca de nuestro marco legal, que en adelante no se concedan más permisos de explotación minera”.

La presidenta electa comentó que ese día firmará “un decreto de moratoria para permisos que están haciendo fila para la exploración y explotación” y enviará al Congreso reformas a la ley con el fin de prohibir la minería metálica a cielo abierto.

El pronunciamiento de Chinchilla llega en momentos en que la Justicia costarricense rechazó un recurso de amparo interpuesto por la acción de la minera Infinito –subsidiaria de la canadiense Vannessa Ventures- en Las Crucitas, al norte del país.

La decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de la minera sin embargo no ha logrado que se retomen los trabajos por parte de la empresa dado que un proceso paralelo se mantiene abierto en el Tribunal Contencioso Administrativo.

De ahí que organizaciones ambientalistas locales convoquen para este 22 de abril, en el Día de la Madre Tierra a una vigilia frente a Tribunales de Justicia, en la capital San José, para lograr un posicionamiento del Poder Judicial que preserve los bienes naturales y los hábitats de las comunidades seriamente afectadas por la minería.

Sobran los motivos

COECOCeiba - Amigos de la Tierra Costa Rica, una de las convocantes a la vigilia, sostiene a través de Grace García Muñoz que son “miles” las razones “para oponernos a las posibilidades de las corporaciones mineras” y enumera entre ellas “la defensa de la Madre Tierra, del agua, el bosque, la biodiversidad, el territorio y la misma lucha contra el cambio climático”.

Asimismo, señala que estas trasnacionales acarrean violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas: “no es gratuita la gran cantidad de muertes de dirigentes comunales, indígenas y campesinos que han sido muertos por oponerse a las mineras en sus territorios”. Y agrega que “parte del aparato militar que se desplaza a las comunidades donde se ubican estas minas, defienden a las empresas trasnacionales no a las comunidades, ejemplo de ello Colombia, México, Guatemala y Honduras. Por ejemplo la empresa Goldcorp en San Marcos de Guatemala o la experiencia clara del Valle de Siria en Honduras”.

Presión social

El objetivo de la movilización es demostrar al 89 por ciento de la población -que según encuestas se opone a la minería trasnacionalizada a cielo abierto en Costa Rica- que la resistencia a dichas industrias extractivas “apenas comienza” y que las organizaciones ambientalistas apelarán “a todas las instancias nacionales e internacionales" para evitar la continuidad del despojo.

Urgida por ese descontento a nivel de la población, Chinchilla declaró su compromiso a que “ninguna autoridad del MINAET (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) vuelva a otorgar ningún permiso”.

Un tema que unifica y moviliza

El movimiento ambientalista costarricense se encuentra pues movilizado y unificado en torno al rechazo a la minería y buscará que la Presidenta entrante anule la declaratoria de interés nacional para la explotación de Las Crucitas.

Así lo refleja el espacio radial de la Federación Ambientalista FECON, “Bloque Verde” de cuya edición última compartimos un tramo en el cual se analizan las posibilidades de doblegar legalmente y políticamente la ofensiva empresarial.

Foto: http://fueradecrucitas.blogspot.com/