Se trata del sistema de lagunas de Quimsacocha, donde se busca yacimientos de oro y cuya importancia ambiental ha sido destacada por diversas investigaciones y posicionamientos de movimientos sociales ecuatorianos.

El pasado martes 14, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana rechazó los recursos interpuestos para evitar una condena a prisión bajo cargos como “sabotaje” y “terrorismo” que en principio sería de un año, reduciéndose en la práctica a ocho días de prisión.

Los acusados son Carlos Pérez Guartambel, presidente de los Sistemas de Agua Comunitarios del Azuay (UNAGUA); Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y Efraín Arpi, dirigente de Tarqui, parroquia cercana a la ciudad de Cuenca.

La lucha social contra las concesiones mineras que amenazan las fuentes de agua ha sido sumamente criminalizada en Ecuador y alcanzan miles de hectáreas en todo el territorio, en especial la región andina.

Carlos Pérez Guartambel fue entrevistado por Radio Mundo Real tras conocerse el fallo de la Corte, recordando su detención en 2010 y el inicio de un proceso bajo cargos como sabotaje y terrorismo, así como la obstaculización de vías de comunicación.

“No han encontrado ninguna prueba. Se nos intenta tratar como delincuentes comunes cuando nuestra propuesta ha sido defender el agua lo cual vamos a continuar desde el lugar donde nos encontremos, así sea desde la cárcel estaremos activando la resistencia pacífica, pública, como derecho irrenunciable de los pueblos”, señaló el abogado y dirigente social cuencano.

Asimismo, en la entrevista Pérez Guartambel informó sobre el caso de los siete luchadores de la región de Cochapata que, bajo similares cargos, permanecieron eludidos de la justicia y alejados de sus familias durante meses al no habérseles reconocido la amnistía que en 2008 les brindara la Asamblea Constituyente. Esos luchadores, tras largas gestiones judiciales, ya fueron reconocidos por el Legislativo y han podido regresar a sus hogares.

No obstante, Pérez sostiene que existen unas 200 causas abiertas similares en Ecuador contra los defensores de los bienes y recursos naturales comunes, en especial el agua.

Estado de politización

La condena mereció el rechazo de organizaciones sociales, entre ellas la Confederación Nacional Indígena de Ecuador (Conaie). Su presidente, Humberto Cholango señaló que “la resolución refleja el estado de politización de la administración de justicia y deja al descubierto la influencia y el control de las distintas funciones del Estado por parte del Ejecutivo”.

La organización indígena rechaza la criminalización de la protesta social, con las acusaciones de sabotaje y terrorismo a los campesinos y agricultores, agregó Cholango.

El fallo fue adoptado por dos votos contra uno, entre los magistrados integrantes de la CNJ. Pérez, quien como abogado ha llevado adelante su propia defensa, señaló que los dos miembros que votaron para ratificar la condena de prisión actuaron por cercanía política con el presidente Rafael Correa, quien ha hecho de las inversiones mineras una causa nacional.

“Son jueces cuestionados por la veeduría internacional. No pueden hacer otra cosa que obedecer a su jefe”, afirmó en referencia a Correa.

En junio de 2011 se realizó precisamente en Cuenca un Encuentro Continental en Defensa del Agua y la Pacha Mama con presencia de decenas de delegados internacionales y las principales organizaciones indígenas del país. Priorizar el agua a la explotación minera, de acuerdo a la propia Constitución ecuatoriana, fue una de las principales conclusiones de dicho encuentro.

Desde entonces, la concesión minera se mantuvo detenida hasta que recientemente el mandatario ecuatoriano dio señales para su continuación. “Quimsacocha en total son más de 30 lagunas que se transforman en ríos que riegan y bañan decenas de parroquias y poblaciones, además de brindar una tercera parte del agua potable que consume la Cuenca de Guapondelig, la tercera ciudad de Ecuador”, expresó Pérez.

Esto, a su juicio ha activado aceleradamente la “conciencia ambiental” de la comunidad que siente peligrar su supervivencia ante el avance de la minería. Lejos parecen estar, estos luchadores, de bajar los brazos.

Foto: eltiempo.com.ec