Entre las disposiciones que establece la nueva ley, está el encarcelar a los inmigrantes indocumentados por hasta seis meses, además de que se establece el pago de una multa de 2.500 dólares.

La normativa, aprobada por el Congreso de Arizona, fue promulgada el viernes por la gobernadora del Estado, Jan Brewer, quien se justificó diciendo que ésta ayudaría a generar mayor seguridad frente a la amenaza del narcotráfico proveniente de México.

Muy distinta fue la opinión que expresaron sobre esta ley -que se conoce como SB 1070- las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. En declaraciones a Radio Bemba -que reproduce la agencia de noticias Púlsar- Isabel Garcia, abogada defensora de los derechos de los migrantes en Arizona, afirmó que la norma permitía a la policía el realizar detenciones en base al perfil racial de las personas. Además, indicó que lo que estaba ocurriendo en Arizona era un experimento a nivel regional que podría llegar a replicarse en todo el país.

Autoridades de varios países latinoamericanos se unieron a las voces de protesta sobre la norma. Tanto el mandatario guatemalteco, Álvaro Colom, como su par mexicano, Felipe Calderón, fueron enfáticos al criticar la ley, a la que éste último catalogó de “discriminatoria e intolerante”.

Por otra parte, el vicecanciller guatemalteco, Miguel Ángel Ibarra -que integra el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios – afirmó que no había por qué detener a una persona que no había cometido delito alguno, únicamente en base a su aspecto físico.

Pero incluso desde dentro de Estados Unidos, al más alto nivel se han producido críticas sobre la ley SB 1070. Comenzando por el presidente, Barack Obama, y siguiendo por la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, quien rebatió el argumento de la gobernadora Brewer, al afirmar que le preocupaba que la normativa desviara importantes recursos destinados al combate del crimen hacia la persecución a los inmigrantes.

Además, desde dentro de Arizona, el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, dijo que planea presentar una demanda legal en contra de la disposición, a la que definió como “inconstitucional”.

La misma opinión comparten varios grupos de defensa de las libertades civiles como la ACLU (o Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) y el Centro Nacional de Ley de Inmigración, que planean interponer recursos legales para impedir que se aplique la normativa.

Foto: http://www.flickr.com/photos/boplication/