Pocas horas después de que la reglamentación fuera oficializada, un comunicado del denominado Pacto de Unidad se lamenta porque el proyecto gubernamental no tuvo en cuenta “los valiosos aportes” de más de tres mil dirigentes de los propios pueblos indígenas que participaron en talleres macro regionales.

“Rechazamos categóricamente el reglamento de la Ley de Consulta, documento unilateral elaborado por el viceministro de Interculturalidad, validado por una desigual comisión multisectorial de 18 viceministerios con dirigentes de sólo dos organizaciones, Conap (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú) y CCP (Confederación Campesina del Perú), que no representan a los más de 10 millones de indígenas peruanos”, dice el comunicado.

El Pacto de Unidad es un espacio que integran la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú.

Algunos de estos grupos, que venían reclamando en los últimos meses una serie de modificaciones a la reglamentación, hacen una valoración política negativa de este proceso, al punto que vaticinan más complicaciones en la relación entre Humala y los movimientos sociales.

“Aidesep lamenta que gobierno de Ollanta sea una imitación del gobierno de (Alan) García”, titula esa organización una nota publicada en su sitio de Internet.

Además, el Consejo Directivo de la Aidesep resolvió este 4 de abril que iniciará una campaña de recolección de firmas para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Consulta Previa. Este grupo pretende que el Estado peruano “acepte este error”, y advierte que en caso de que eso no suceda se podrían desencadenar “más protestas sociales en el futuro”.

La Conacami, en tanto, critica la “farsa” que lleva adelante la Comisión Multisectorial encargada de implementar la reglamentación de esta Ley de Consulta y asegura que los 229 conflictos sociales reportados por la Defensoría del Pueblo en marzo de 2012 “son una clara muestra del fracaso” del proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas.

Foto: Conacami
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