Marca registrada

La ciudad de Rosarno identificará su nombre con el de la violencia sistemática aplicada contra asalariados y asalariadas rurales que temporada tras temporada buscan en Italia lo que sus países de origen les niegan: un mínimo sustento.

Es que a comienzos de enero de 2010, dos de los cientos de asalariados que se alojaban precariamente en esa ciudad, desde donde concurrían a los cultivos cada jornada, fueron atacados salvajemente.

Este ataque inicial motivó una movilización por las calles de la ciudad que fue interpretada por la organización mafiosa calabresa “Ndrangheta” como un desafío a su control sobre el territorio. De este modo, 53 personas resultaron heridas a causa de los enfrentamientos, de las cuales 21 son inmigrantes y cuatro de ellos recibieron disparos de armas de fuego. Las autoridades locales de Rosarno decidieron demoler la fábrica abandonada en la que pernoctaban muchos de los extranjeros y trasladar a éstos a ciudades próximas en pequeños grupos.

El sello mafioso de este episodio –que repercutió en una movilización en Roma reclamando la seguridad de los asalariados- es inocultable: el fiscal sustituto de la Fiscalía Nacional Antimafia, Alberto Cisterna, afirmó en el periódico Avvenire que “seguramente” quienes han disparado a los inmigrantes son hombres de la Ndrangheta para “demostrar que son ellos quienes controlan el territorio”.

La violencia contra los “indocumentados” -como se los denomina desde el gobierno de Silvio Berlusconi- parece estar respaldada por el discurso oficial y asimismo por las políticas comunitarias incluidas en la denominada Política Agrícola Común (PAC).

“En el sur de Italia el desempleo está en el 18%. El trabajo tiene que ir a los italianos que quieran y puedan hacerlo, no a los inmigrantes clandestinos”. La cita es del ministro de Berlusconi Roberto Calderoli y puede interpretarse como un espaldarazo a la violencia racista.

Política comunitaria de exclusión

Dos semanas después de los hechos, la Coordinadora Europea de la Vía Campesina se convocó a la ciudad de Turín desde donde denunció cómo la PAC ha favorecido la concentración e industrialización de la producción agrícola en detrimento de campesinos y campesinas.

“Los eventos de Rosarno forman parte de una política migratoria no respetuosa de los derechos humanos, práctica lastimosamente presente en toda Europa y generada por una globalización de los intercambios económicos en detrimento de las poblaciones y de una repartición justa de los bienes comunes”, señala una comunicación de dicha organización.

Al respecto, el integrante de Vía Campesina Fabricio Garbarino afirmó en diálogo con Radio Mundo Real que el Parlamento Europeo no puede mantenerse al margen de estas situaciones que explotan por todo el continente.

Patrias lejanas

La huelga de asalariados rurales extranjeros en Italia la promueve el grupo “1 de marzo 2010 - Huelga de los Extranjeros”, que ha escogido ese día inspirándose en una iniciativa de inmigrantes en Francia y que cuenta con un perfil en Facebook con más de 11.000 seguidores, muchos de ellos italianos.

La Coordinadora Europea de la Vía Campesina respalda esta medida al tiempo que recuerda que la PAC prevé la creación de un observatorio del respeto a los derechos laborales a nivel rural y exige su implementación.

En Europa se calcula que existen diez millones de personas que trabajan como asalariados vinculados a la producción agropecuaria y en Italia la cifra llega a 1.3 millones, explica Garbarino. Por cada asalariado regularizado, otros tres trabajan “en negro”.

La primera fuente de inmigrantes que laboran en los campos de los países centrales europeos provienen de dentro de la UE: Polonia, Hungría, Rumania y Ucrania. Pero también asalariados del África subsahariana, de Asia y de América latina confluyen a los campos españoles, italianos, franceses o portugueses.

La Vía Campesina reclama a las autoridades de la UE prohibir a los estados “ayudar o subvencionar a las explotaciones agrícolas que no respetan sus obligaciones de empleadores”.

Es que, relata Fabricio Garbarino, el miedo por las leyes de extranjería cunde entre los migrantes que laboran en los campos y hace difícil su organización.