Radio Mundo Real

El Consejo Maya Sipakapense de Guatemala, integrante del Consejo de los Pueblos de Occidente, denuncia que la empresa minera Montana Exploradora está usurpando más áreas de su territorio indígena. La compañía es filial en el país de la canadiense Goldcorp y dueña de la mina de oro a cielo abierto Marlin, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos.

Paralelamente, nuevas encuestas en Guatemala arrojan como resultado que se mantiene una fuerte resistencia a la minería en el país. Esa actividad ya tiene desde hace años un rotundo NO de las comunidades locales, que realizaron sus propias consultas populares y comunitarias ante la complicidad y pasividad del Estado guatemalteco con las corporaciones del sector.

El Consejo Maya Sipakapense explica y da detalles formales de su propiedad sobre un territorio de 153 kilómetros cuadrados, en el departamento de San Marcos e inscripto en el Registro de la Propiedad. Agrega además que el pueblo maya habita esas tierras desde antes de la llegada de los colonizadores y que lo ampara el derecho internacional referido a los pueblos indígenas.

“En el año 2003, sin consulta previa, el Estado autorizó la licencia de explotación de nuestro territorio a una empresa minera canadiense. En consecuencia, hoy opera la mina Marlín, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala-Goldcorp”, expresa el comunicado de prensa del Consejo Maya Sipakapense del 14 de enero. La población del municipio de Sipacapa ha sido una de las más afectadas por la mina, aunque está ubicada en San Miguel Ixtahuacán. Esos dos municipios de San Marcos protagonizan la lucha contra Goldcorp .

Esa mina, con gravísimos impactos ambientales y sociales (como la persecución de dirigentes de la resistencia), es parte de una zona concesionada a la transnacional canadiense de una extensión de 20 kilómetros cuadrados y por un período de 25 años.

“Bajo una estrategia permanente de amenaza, persecución, criminalización de los defensores del territorio y la coacción y cooptación de nuestras autoridades municipales y comunitarias, la empresa ya está usurpando otra fracción de nuestro territorio denominada ’Los Chocoyos’, de la Aldea Pie de la Cuesta, en la cuenca del río Cuilco”.

El pueblo maya sipakapense presentó en diciembre una acción constitucional de amparo ante la Sala de la Corte de Apelaciones del departamento de Guatemala, para que “de manera legal y pacífica se anule la licencia denominada ’Los Chocoyos’” y se disponga “el retiro inmediato de los operadores de la empresa minera”. “No permitiremos más abusos y despojos”, estipula el parte de prensa, antes de agregar que “la inherencia del derecho de propiedad obliga al Estado de Guatemala a proteger nuestro territorio mediante sus instituciones judiciales y militares; la ausencia de dichas acciones gubernamentales evidenciará su fracaso”.

El 20 de mayo de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar cinco medidas cautelares para proteger a los pobladores de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, perjudicados por la actividad de la minera Marlin. El organismo pidió además que se suspendiera el trabajo de la mina. Sin embargo, el gobierno de ese entonces, presidido por Álvaro Colom, decidió no atender la solicitud de la CIDH.

En tanto, también el 14 de enero el diario guatemalteco Prensa Libre difundió una encuesta que estipula que el rechazo a la actividad minera en el país se mantiene estable, con un 66 por ciento de la población que se manifiesta en contra de esa actividad. La novedad es que la desaprobación de la minería tuvo un gran aumento en la capital, Guatemala, con 11 puntos porcentuales más que en otros años.

Prensa Libre encargó la encuesta a la empresa Prodatos, que consultó a los participantes de manera directa: ¿Está a favor o en contra de la minería en el país? Según el diario, existen en Guatemala 283 licencias de explotación y 76 de exploración minera vigentes, 451 procesos para licencias de exploración, 144 trámites para licencias de explotación y seis para licencias de reconocimiento minero. Es el Ministerio de Energía y Minas el que regula la política minera nacional.