Con tres votos a favor y dos en contra la Corte resolvió admitir los recursos presentados por la defensa legal de Ríos Montt ante la negativa del Tribunal A de Mayor Riesgo de tramitar la recusación de su presidenta, la jueza Jazmín Barrios, que había encabezado la sentencia contra el ex dictador guatemalteco. Los magistrados contrarios a la resolución afirman que la Corte Constitucional se excedió al anular las actuaciones, y quienes aprobaron la anulación de la sentencia pusieron en duda la imparcialidad del Tribunal.

El juicio había empezado el 19 de marzo y terminó el 10 de mayo. El 18 de abril se habían suspendido las audiencias por “vicios de forma”. Esa suspensión ocurrió porque, entre otros trámites, hubo una recusación presentada contra la jueza Barrios y su par Pablo Xitumul por parte de la defensa de Ríos Montt. Los jueces fueron acusados de ser parciales. Sin embargo, a pesar de que se había ordenado la suspensión del juicio para estudiar el recurso de la defensa, el proceso se reanudó el 30 de abril por decisión de Barrios.

Ríos Montt, que gobernó de facto Guatemala de marzo de 1982 a agosto de 1983, fue encontrado culpable el 10 de mayo de “masacres, torturas, violaciones sexuales, degradación de dignidad y desplazamientos forzosos, y se ha comprobado que la población civil del grupo ixil fue objeto de asesinatos en forma masiva”, según detalló la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo que leyó la jueza Barrios. Rodríguez Sánchez fue absuelto porque el Tribunal consideró que “no tuvo injerencia” en las operaciones militares contra los indígenas.

“Ríos Montt tuvo conocimiento” de las 15 masacres y “sabía completamente lo que pasaba y no hizo nada para pararlo”, había agregado Barrios, de acuerdo al medio argentino de información popular Marcha. El militar, tristemente reconocido como “general de la tierra arrasada”, recibió una pena de 80 años de cárcel: 50 por genocidio y 30 por delitos contra los deberes a la humanidad. El genocida escribió de las páginas más negras de la guerra interna que enfrentó de 1960 a 1996 a la insurgencia con sucesivos gobiernos del terrorismo de Estado. Bajo la excusa de la lucha contra el comunismo, los golpistas guatemaltecos exterminaron a indígenas y campesinos.

Ríos Montt y Rodríguez habían sido acusados por el Ministerio Público de ser los responsables, por su jerarquía en la cadena de mando dentro del Ejército de Guatemala, de la muerte de 1771 indígenas mayas ixiles en 15 matanzas ejecutadas en comunidades del departamento de Quiché. Los asesinatos ocurrieron durante el mandato de facto de Ríos Montt.

La Fiscalía había solicitado el 9 de mayo 75 años de cárcel contra los dos militares, y dos organizaciones que actuaron como querellantes adhesivos, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR, compuesta por víctimas y sobrevivientes del conflicto), se sumaron a la solicitud tras presentar sus propias conclusiones.

Ríos Montt permanecerá en prisión, en régimen preventivo, hasta que el proceso sea retomado por el mismo Tribunal A de Mayor Riesgo. No obstante, la defensa del ex dictador ha solicitado a la Sala de Apelaciones que retire del proceso a ese Tribunal y constituya una “corte especial”, para que establezca si los delitos son susceptibles de amparo y amnistía por la Ley de Reconciliación Nacional.

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