Este petrolera de origen argentino pero con sede en Holanda es acusada de vulnerar los derechos del pueblo quechua habitante de la cuenca del río Pastaza, que ha sido desplazado por las extracciones hidrocarburíferas.

Asimismo, el estado peruano ha establecido un sistema de control policial sobre las comunidades indígenas vecinas al área de operaciones de Pluspetrol, vulnerando las libertades fundamentales de la población indígena de esta zona.

Así se puntualiza en el resumen ejecutivo del caso presentado ante el TPP.

Según los registros públicos en los Países Bajos, la Pluspetrol representa un valor de 3.6 mil millones de euros. Por ser una Sociedad Anónima se sabe muy poco acerca de los accionistas de esta “casa matriz”. Según la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores de Perú – CONASEV – sería una corporación financiera denominada Centennial Partners S.A.R.L quien controlaría a la matriz con el 85% del total de acciones.

La acusación se hace extensiva al propio estado holandés “por permitir que una empresa que desarrolla este tipo de actividades contaminantes inaceptables en su país se beneficie de su legislación tributaria. Con esto se configura además una transferencia ilegítima de recursos del sur hacia el norte, en desmedro de las poblaciones menos favorecidas”.

Debido a las violaciones a los derechos de la población amazónica que habita la región donde Pluspetrol realiza sus extracciones, en marzo de 2008 las comunidades indígenas organizaron una protesta que implicó la toma de las instalaciones petroleras, en particular de su aeropuerto.

Se buscaba generar un escenario que forzara el diálogo con la empresa. Sin embargo, la respuesta del Estado peruano y la empresa fue la represión y la persecución judicial de los dirigentes implicados.

Se mantuvo presos a 22 dirigentes indígenas, por semanas y meses. Alguno de ellos estuvo hasta 18 meses privado de su libertad. Por el momento, se ha logrado que todos sean liberados y absueltos de los cargos en primera instancia.

La sentencia del Poder Judicial alude a una política de criminalización de la protesta social y deja claro que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe considerarse como elemento para juzgar este conflicto.

El objetivo de la acusación ante el TPP, que sesionará en la capital española en paralelo con la Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de América Latina y la Unión Europea es lograr dar visibilidad al conflicto y exigir al Grupo y al Estado peruano que remedie íntegramente los impactos ambientales en la cuenca del Pastaza y que respete todos los derechos individuales y colectivos del pueblo quechua.

Foto: www.asocamerlat.org