“Es inadmisible que los responsables de la salud digan que las víctimas de los agrotóxicos tienen que demostrar que son víctimas”, agregó el doctor, en una actividad pública organizada por REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y el Programa Uruguay Sustentable. La organización ecologista presentó en la Facultad de Bellas Artes un informe y dos cortos audiovisuales denominados “Efectos Colaterales. Testimonios de afectados y afectadas por el agronegocio en Uruguay 2011”.

Unas 150 personas llegaron hasta allí a conocer el nuevo trabajo de REDES – AT y escuchar las exposiciones de Verseñazzi, la médica uruguaya Mabel Burger, ex directora del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y los testimonios de dos pobladores de zonas del país afectadas por los agrotóxicos.

La superficie del cultivo de soja en Uruguay ha crecido exponencialmente y alcanzó el millón de hectáreas en la zafra 2010/11. El arribo de los pools de siembra, empresas de origen argentino que llegaron por su propia expansión y por las facilidades tributarias otorgadas por el país, aceleró el proceso de concentración de la tierra y de la producción. A la gran expansión sojera hay que agregarle el fuerte desarrollo forestal, que también ocupa más de un millón de hectáreas, y la más tradicional actividad arrocera, que configuran un paquete de agronegocios que impacta especialmente a las comunidades locales, inclusive a su salud.

“Queda claro que el actual modelo de desarrollo agrícola predominante en Uruguay, vislumbrado como impulsor de la ’modernidad en el campo’, trae asociados varios ’efectos colaterales’”, decía el comunicado de prensa circulado por REDES – AT de cara a la actividad. Entre esos efectos, la organización destaca la concentración de recursos productivos, la afectación de la salud de poblaciones rurales, sus escasas posibilidades de desarrollo y la marginación de buena parte de los agricultores familiares, población rural y suburbana en general.

“El sistema de salud pública exhibe serias debilidades a la hora de diagnosticar una serie de nuevas afecciones de las poblaciones directamente impactadas por las prácticas tecnológicas del agronegocio”, agregaba el parte de prensa. Asimismo, “la población reitera el sentimiento de acostumbramiento a estas condiciones, revela la ausencia del Estado como entidad de control del uso del suelo y el agua, así como de salvaguarda de la salud pública”, sentenciaba.

La organización ecologista realizó su trabajo de documentación audiovisual y la actividad de ayer con el objetivo de llamar la atención sobre las consecuencias del modelo del agronegocio inclusive en términos sanitarios, a fin de que las autoridades correspondientes se hagan cargo debidamente del tema. “La academia y el Estado tienen que dar respuestas. Es triste que la gente no vea en el Estado a un aliado”, consideró en la conferencia el investigador científico Pablo Galeano, de REDES – AT.

Llegado desde la localidad de Guichón, Paysandú, especialmente afectada por el impactante desarrollo sojero y forestal, el poblador Marcelo Fagúndez denunció ayer que están “huérfanos de autoridades”, sin ver “acciones del Estado”.

Aseguró que cada vez es más común que los vecinos de la zona se encuentren en jornadas de recaudación para apoyar a pobladores enfermos. Aunque no pueden asegurarlo, ellos creen que es la agroindustria la que los está enfermando, y por eso demandan el apoyo estatal. “Si los sojeros tienen derecho a sacar sus buenos dividendos, nosotros tenemos derecho a defender nuestros bienes naturales”, reivindicó. Por eso alertó que las fuentes de agua están siendo contaminadas con los venenos.

En tanto, la pobladora de Rincón de Valentines (departamento de Salto) Beatriz Pereira Das Neves, se lamentó en la actividad porque “mientras produzco orgánico el avión me tira veneno”. “Quienes hacemos producción orgánica vemos que si no tenemos a nadie que defienda el medio ambiente nuestro trabajo es en vano”, agregó.

En una zona en la que es la actividad arrocera la que agobia a los pobladores locales, la ausencia del Estado también es la constante. Por eso Beatriz pidió apoyo, “que alguien escuche y nos defienda”, porque “las avionetas siguen tirando veneno a nuestras poblaciones”.

Bajo la lógica de que los afectados tienen que demostrar que son afectados, en lugar de que la industria agroquímica demuestre que sus productos no son nocivos para la salud humana, las denuncias de poblaciones damnificadas por agrotóxicos suelen ser desatendidas o catalogadas como “infundadas”.

“Ya sabemos que existe suficiente información científica que prueba que la exposición a los plaguicidas durante ciertos períodos de tiempo genera impactos en los seres humanos”, contrarrestó la doctora Burger, que ha estudiado el asunto por décadas. Enfermedades cutáneas y respiratorias parecen destacarse entre las afecciones sufridas por las poblaciones fumigadas. “El principal actor es el gobierno. No puede ser que sigan pasando aviones por patios de escuelas o casas”, fustigó Burger.