El proyecto Conga, en Cajamarca, ha colocado en debate público nacional e internacional la importancia del agua para la vida y la continuidad de las comunidades y su relación con la minería, señala Pablo Sánchez*.

El proyecto Conga, liderado por la empresa minera Yanacocha, fue de hecho el eje de la movilización social el pasado año en el Perú. Las comunidades y organizaciones acompañantes se enfrentan en 2013 al desafío de llevar adelante una consulta que cierre el paso al avance del proyecto que, por su escala, vendría a agravar las ya visibles consecuencias de la minería, activa desde hace dos décadas en la región.

Pablo Sánchez señala que todas las comunidades vinculadas a las cuencas que conviven en Cajamarca se verían afectadas, pese a lo cual el estudio de impacto ambiental elaborado por Yanacocha que sirve de fundamento al gobierno de Lima para aprobar el proyecto apenas tiene en cuenta a un 3 por ciento de la población. “El estudio es muy superficial, minimiza los impactos”, dice el ambientalista peruano.

Entre los elementos claves del proyecto se encuentra la construcción de una gran base de relave –por su tamaño sería la mayor de las existentes en América Latina-, que empleará sustancias altamente tóxicas y metales pesados, en la cabecera de “por lo menos tres cuencas”.

Sánchez indica que las poblaciones perciben al estado y hasta la policía y el ejército como aliados explícitos de las empresas mineras. Denuncias ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, campañas de sensibilización y concientización de las poblaciones han hecho, según Grufides, que en la actualidad una amplia mayoría de pobladores –campesinos, indígenas, ronderos y también urbanos (Cajamarca cuenta con una población que ronda las 160 mil personas)- se oponga a la instalación del proyecto.

La intención de las organizaciones es plasmar ese rechazo a través de un mecanismo de democracia directa: una consulta. No obstante, la legislación peruana establece que este tipo de consultas pueden realizarse limitándose a pueblos originarios y se argumenta que en la región teóricamente afectada por el proyecto Yanacocha no existen asentamientos indígenas.

Pablo Sánchez por su parte responde que se trata de un derecho ciudadano que no tiene que ver con “el origen o la naturaleza de la comunidad en que se realiza sino, más bien, sobre el consentimiento de las comunidades al saber el efecto del proyecto en sus vidas”.

Ejemplos varios

Aunque las consultas comunitarias que se han llevado a cabo en varios países sirven de ejemplo a quienes organizan esta en el Perú, la escala y alcance de la misma representa un reto para los afectados y organizaciones acompañantes.

Sin embargo, se ve en clave de desafío, dado que además del proyecto en sí, se podrá generar un debate sobre el modelo de desarrollo que se plantea para las comunidades, reflexiona Pablo Sánchez en otro pasaje del diálogo con Radio Mundo Real.

Las encuestas son un indicio: el pasado año un sondeo señaló que un 70 por ciento de la población de Cajamarca se oponía a la consolidación del proyecto. “¿De qué mejor manera puede expresarse la voluntad popular sobre sus territorios, sobre su futuro, que en un mecanismo de democracia directa, de una consulta?”, se interroga Pablo.

Desde Yanacocha no han demorado en indicar la consulta como ilegítima y perjudicial para los intereses empresarios: "Una consulta popular sería un pésimo precedente no solo para Conga, sino para toda la industria en el Perú", dijo el gerente del consorcio con mayoría de capital estadounidense Javier Velarde, en declaraciones recogidas por el portal de noticias peruano RPP.

Finalmente el ambientalista peruano envía un mensaje de solidaridad hacia los movimientos similares que existen en América Latina en defensa de la vida y contra las industrias extractivas como la minería trasnacional. “Esta es una lucha de alegría, aunque sin embargo haya mucha tristeza en el camino. Es una lucha por la vida”, declaró.

En las fotos adjuntas puede observarse uno de los “tajos” que implica el proyecto de Yanacocha y su afectación sobre las regiones de páramos y manantiales allí presentes. La empresa ha intentado mitigar el efecto de vaciamiento de manantiales bombeando aguas tratadas de sus piletas de relave hacia las zonas más altas. Sin embargo ese proceso implica el uso de energía en grandes cantidades y no garantiza la calidad de las aguas. “¿Quien pagará por el bombeo y tratamiento cuando la empresa ya no esté operando?. Por otro lado ninguna autoridad del gobierno fiscaliza de manera efectiva este procedimiento. Así la gestión del agua queda enteramente en manos de la empresa” se pregunta Grufides en su sitio web.

Galería de fotos: http://www.grufides.org

* Entrevista realizada durante una reciente gira al Perú por la integrante de COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Grace García.