6 de septiembre de 2010 | Noticias | Agua
Energía a la venta
Organizaciones peruanas preparan movilizaciones contra hidroeléctricas
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Unos setenta centros poblados de los departamentos peruanos de Puno, Cusco y Madre de Dios, ubicados al sureste del país, deberían abandonar sus territorios si prospera la construcción de cinco hidroeléctricas, en el marco de un acuerdo energético firmado por los gobiernos de Perú y Brasil.
Eso pasará si la administración orientada por el presidente Alan García le otorga la concesión definitiva a la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur), perteneciente a capitales brasileños y que pretende construir la central y un embalse de 37.800 hectáreas, según un informe publicado por la agencia Inter Press Service (IPS)
El artículo –que significativamente lleva el título “Una porción de la selva peruana bajo agua”- cita una investigación que lleva adelante la Sociedad Civil por la Construcción de la Carretera Transoceánica de Puno, en la que se calcula que solamente en esa región peruana habría unas 10.000 personas afectadas.
Egasur es un consorcio brasileño integrado por el grupo privado OAS y la estatal Eletrobras Furnas, y ha anunciado que proyecta invertir más de cuatro mil millones de dólares en la construcción de la represa Inambari, que generaría unos 2.200 megavatios.
Ante el riesgo de daños ambientales irreversibles, en una de las zonas más ricas en biodiversidad del continente, las comunidades peruanas que serán desplazadas comenzaron a expresar su malestar, entre otras cosas porque la mayoría de la energía producida por estas centrales hidroeléctricas será utilizada en Brasil.
La radio comunitaria Juliaca, del departamento de Puno, recogió testimonios de pobladores locales que estiman que el 80% de la energía producida será para Brasil (y que ingresaría por el estado fronterizo de Acre), y además recuerdan que el país limítrofe ya tiene “antecedentes complicados” en estos emprendimientos conjuntos, por ejemplo en el caso de la represa de Itaipú, que comparte con Paraguay.
Los líderes entrevistados informan que hasta ahora ni la empresa ni los gobiernos han explicado con claridad cómo se llevará adelante la relocalización de las comunidades desplazadas y cómo se pagarán las indemnizaciones. Ese mismo sentimiento de rechazo al proyecto binacional fue registrado por la enviada de IPS a esta zona de Perú.
“En Puerto Manoa, uno de los primeros pueblos de Puno que sería reubicado, las paredes gritan ’No al proyecto Inambari’, y pancartas pegadas en las viviendas, la mayoría de madera y techos de cinc”, puede leerse en su crónica.
La emisora Juliaca realizó un informe sobre este conflicto, que fue difundido por la agencia informativaMás Voces, y al que se puede acceder escuchando el audio adjunto a este texto.
