Y las coordinaciones internacionales para llevar adelante estas luchas continúan. Entre el 22 y el 25 de abril se llevará a cabo en la provincia panameña de Chiriquí, el quinto encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos (Redlar), al que está previsto que asistan unos 500 militantes.

Además, la Redlar ya definió que su próximo encuentro latinoamericano, el año próximo, se realizará en México, y sobran los motivos para fundamentar la selección de ese país, en el que abundan los conflictos por la construcción de las hidroeléctricas.

En los últimos días, en el Estado mexicano de Oaxaca se llevaron a cabo diversas actividades para denunciar los abusos que viene cometiendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra de la ciudadanía. Este organismo estatal es uno de los principales promotores de la construcción de mega-represas hidroeléctricas.

La CFE también está siendo duramente cuestionada en el Estado de Nayarit, en el que se construyó la presa El Cajón, ya que las promesas que el organismo le realizó a la población hace un año atrás no fueron cumplidas.

Mejor calidad de vida, acceso ilimitado a la pesca y una buena indemnización económica fueron las propuestas estatales que permitieron que la iniciativa energética se llevara adelante, afirman las organizaciones locales que se han movilizado esta semana.

Las organizaciones afectadas llevan ya un buen tiempo denunciando los “atropellos y arbitrariedades” de la paraestatal, y su complicada experiencia puede ser útil para otras comunidades, que se debaten entre aceptar o no este tipo de proyectos de infraestructura.

Tal es el caso de lo que sucede con los pobladores de la ciudad mexicana de Temacapulín, potenciales afectados de la presa El Zapotillo. Un religioso local, Gabriel Espinoza, denunció hace algunas horas que la expropiación de tierras en Temacapulín para continuar con la construcción de la presa de El Zapotillo es una “injusticia”, y responsabilizó también a las autoridades estatales por este atropello.