Esas conclusiones surgen de un documento divulgado este lunes 20 de diciembre por la Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas, (COMPA), después de los desalojos violentos de los últimos días, que han derivado en un reasentamiento en la colonia campesina Guadalupe Carney.

En los últimos días, unas cinco mil personas han sido desalojadas en el Bajo Aguán, y en las acciones han participado policías, militares y empleados de Miguel Facussé, uno de los empresarios más poderosos de Honduras.

Las organizaciones sociales impulsan acciones para recolectar alimentos y ropas, y es inminente la emergencia sanitaria, ya que las comunidades desplazadas no cuentan con condiciones mínimas.

“Con esta operación de muerte se pretende poner armas en las casas de las familias campesinas, y posteriormente de cateos ilegales y violentos, acusar a la población de tenencia de armas”, denuncia la COMPA, en otro fragmento de su declaración.

Rafael Alegría, líder de La Vía Campesina, recordó que en el Aguán el conflicto comenzó en la década del noventa, cuando cuatro empresarios “a través de artimañas, corrupción y represión” se apoderaron de tierras que habían sido entregadas a los campesinos.

"La ley de reforma agraria aprobada hace décadas prohíbe la venta de los terrenos adjudicados a través de esa norma, por lo que los terratenientes las poseen de forma ilegal y los campesinos luchan por recuperarlas", dijo Alegría a la agencia Prensa Latina.

Y en todos estos procesos de lucha por la tierra las más afectadas son las mujeres, según le comentó al programa La Voz de los Movimientos la dirigente hondureña Leoncia Solórzano, del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA).

Foto: http://www.resistenciahonduras.net