“La situación de Honduras es agravada por el hecho de que se ha legalizado el golpe de Estado en instancias internacionales, oxigenando a los golpistas y apoyando un discurso de reconciliación, que sólo son palabras mentirosas e hipócritas para ocultar la violencia sistemática con que se agrede a las y los hondureños cotidianamente”, expresa la convocatoria circulada el sábado.

Algunos de los firmantes son el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.

Según los movimientos sociales, Honduras “se ha convertido en laboratorio de ocupación, militarización, criminalización y represión en contra de toda la población y especialmente aquella que lucha y se sostiene en rebeldía contra el golpismo internacional”. Esta situación se ha agravado por lo que los firmantes ven como una “legalización del golpe de Estado”, perpetrado por Roberto Micheletti y las Fuerzas Armadas.

El 28 de mayo el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado por el golpe, volvió al país luego de firmar un acuerdo con el presidente de facto, Porfirio Lobo, “para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático de Honduras”, como dice el título del documento. En líneas generales, el texto fijó las bases para el retorno seguro de Zelaya al país, de los ex funcionarios de su gobierno y demás personas que se hubieran ido por la crisis política. También estableció que el régimen de Lobo velaría por el respeto a los derechos humanos.

El acuerdo fue firmado también por los facilitadores y testigos del proceso, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su par venezolano, Hugo Chávez. Este convenio abrió las puertas para la readmisión de Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA), concretada pocos días después.

Zelaya es el coordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que aglutinó a quienes se opusieron a la dictadura en Honduras y que ahora trabaja para unir esfuerzos y competir en las elecciones nacionales de 2013.

Los movimientos sociales que llaman a la “Jornada Continental de Solidaridad con Honduras” exigen el cierre de las bases militares extranjeras en el país y denuncian nuevamente que las bases estadounidenses apoyaron el golpe de Estado, “para perpetuar el saqueo y la dominación”. Proponen también la eliminación de todo el aparato militar nacional para acabar con la militarización y la represión contra el pueblo hondureño. Las agrupaciones reclaman el fin de la criminalización de las luchas sociales y de las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, al tiempo que demandan juicio y castigo para los golpistas.

Los firmantes de la convocatoria para los tres días de solidaridad con Honduras invitan a movimientos y organizaciones sociales de todo el continente a realizar acciones frente a embajadas y consulados hondureños, debates y actividades culturales en las calles, entre otras cosas. El objetivo es que se divulgue la grave situación de violación a los derechos humanos en Honduras, donde se destacan los asesinatos de integrantes de la resistencia nacional y la criminalización de la protesta social.