La nueva intentona por desarrollar la energía nuclear en el país responde a “las necesidades de la gran minería, principalmente multinacional, la agroindustria y los grandes negocios y sectores de altos ingresos en las ciudades”, advierten movimientos y organizaciones sociales en un comunicado público del 27 de enero. No se trata de un desarrollo para “el bienestar social, la educación, la salud, la cultura y el entretenimiento de la sociedad chilena”, agregan.

Desde el gobierno de Piñera se ha manifestado que sólo se están analizando las posibilidades de la energía nuclear en el país, y que no se construirá una planta. Chile tiene vigente una Ley de Seguridad Nuclear, que permite el uso regulado de esa energía. La norma contempla un proceso de autorizaciones para el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, operaciones, cierre y desmantelamiento de centrales nucleares.

En Chile existen dos reactores nucleares experimentales o de investigación, en manos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, dependiente del gobierno nacional. El reactor nuclear La Reina tiene una potencia de cinco megavatios térmicos y se ubica en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. El reactor Lo Aguirre tiene una capacidad de diez megavatios térmicos y está a 28 kilómetros de la ciudad de Santiago, capital del país.

La Comisión Chilena de Energía Nuclear considera en su web oficial que “la opción de energía nuclear de potencia en nuestro país es viable”, aunque señala que un proyecto en ese sentido necesita un plazo de seis a diez años para concretarse.

Varias organizaciones sociales de Chile están alertas con el asunto. No ven con buenos ojos la insistencia del gobierno en el “análisis preliminar” del desarrollo nuclear y la inclusión del tema en la agenda de la reunión entre Piñera y Obama. “Chile NO está en crisis energética y las proyecciones de demanda para los próximos años y décadas son las de un desarrollo insustentable e injusto”, expresan en el comunicado cerca de 30 agrupaciones.

Entre los firmantes del documento se destacan el Colectivo VientoSur, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, La Vía Campesina Chile y la Marcha Mundial de las Mujeres Chile.

“Hasta ahora, el país y sus ciudadanos y ciudadanas se han mantenido alejados de los riesgos de la energía nuclear. Este nuevo intento por introducirla en la agenda política, como los anteriores, obedece a intereses económicos, como los que manejan la oferta y la demanda en el sistema energético chileno actual”, expresan.

Las organizaciones y movimientos sociales chilenos destacan que los riesgos e impactos ambientales y sociales de la energía nuclear están ampliamente documentados y divulgados, especialmente lo que tiene que ver con el procesamiento de uranio, la disposición de residuos radioactivos y la propia generación de la energía.

Los firmantes del comunicado público consideran que Chile no necesita la energía nuclear y que las comunidades urbanas y rurales del país requieren energía verdaderamente limpia y justa. Esa energía debe ser administrada con criterios de bienestar público y sustentabilidad territorial, con un rol central del Estado y las propias comunidades, señalan.

“Rechazamos esta nueva arremetida nuclear, de la mano de la diplomacia norteamericana, como siempre al servicio de sus oscuros intereses económicos repartidos en el mundo”, dice el comunicado conjunto. “Le decimos enérgicamente al Presidente de Estados Unidos que el pueblo de Chile no quiere energía nuclear en su territorio”.

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