Aunque este hecho deja de sorprender cuando se considera que, actualmente en Honduras, no existen medios de prensa -ya sea de radio, televisión o prensa escrita- que no estén intervenidos por el gobierno; los que permanecen al aire emiten noticias con el sesgo que le imprimen los golpistas, y los demás, los que mantenían una postura crítica, fueron censurados por los militares en el mismo momento en que era secuestrado y deportado el presidente Zelaya. Por la madrugada, para que el silencio de la noche atenuara lo que ocurría, para que por la mañana no hubiera quien pudiera desmentir el simulacro de democracia conducido por el Congreso del país, que intentó dar un barniz de legalidad al golpe al designar a Roberto Micheletti como presidente interino.

Precisamente “traición a la patria” y “usurpación de autoridad”son los cargos que el fiscal general hondureño, Luis Alberto Rubí, le imputa al presidente Zelaya; en base a estos cargos, Rubí dice que será arrestado el mandatario en caso de que intente regresar al país, en cuyo caso podría afrontar hasta 20 años de prisión por sus supuestos delitos.

Las autoridades del régimen de facto siguen, como en un inicio, hablando sobre respeto a las leyes, para justificar el golpe de Estado que quebró la democracia latinoamericana en el siglo XXI.

Pero a pesar de los intentos por silenciar lo que sucede, ni adentro ni afuera de Honduras se ha implantado la idea de que un mandatario puede dirigir un país si no cuenta con el aval de las urnas. Miles de personas se manifiestan en las calles de la capital hondureña, Tegucigalpa, desde que los militares irrumpieron en la Casa Presidencial, reclamando el restablecimiento del régimen democrático.

En el exterior del país, la condena al golpe fue unánime. A las medidas tomadas por los países centroamericanos -que el lunes dispusieron la interrupción del comercio terrestre por 48 horas con Honduras- y a la ruptura de relaciones diplomáticas que adoptaron los países de la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), se suma ahora el ultimátum de 72 horas adoptado ayer por los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), que exigen que se restituya a Zelaya en su cargo.

Por su parte, Estados Unidos decidió suspender sus actividades militares conjuntas con Honduras, y el presidente boliviano, Evo Morales, propuso ante la OEA crear un tribunal penal interamericano para juzgar a los golpistas.

Varios países latinoamericanos han llamado a consultas a sus embajadores en Honduras, medida que también adoptaron algunos países europeos, como Francia y España. Asimismo, el gobierno de este último país anunció que le planteará a los países de la Unión Europea que retiren a sus embajadores de Honduras, hasta que se restablezca el gobierno electo por la ciudadanía.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se propone enviar una misión a Honduras, para estudiar las denuncias sobre detenciones arbitrarias, agresiones y amenazas, efectuadas a quienes se manifiestan pacíficamente por el retorno de la democracia.

Por su parte, el presidente Zelaya -que había afirmado que volvería el jueves a su país- anunció que esperará hasta que se cumpla el plazo establecido por la OEA para regresar. En la calle lo esperan miles de personas, que siguen resistiendo pacíficamente frente a las armas de los soldados.