Brasil es actualmente el segundo país con mayor concentración de la tierra en todo el planeta, donde un dos por ciento de los propietarios reúnen más de la mitad de las tierras cultivables.

Los detalles sobre este llamado a consulta popular que afectaría a los 50 mil principales terratenientes brasileños -ya sean estos personas físicas o empresas- aparecen reflejados en un artículo del periódico Brasil de Fato.

Basándose en que las unidades productivas rurales de menos de diez hectáreas apenas ocupan un 2,4 por ciento del territorio, pese a su inmensa superioridad numérica, el Foro Nacional para la Reforma Agraria (FNRA) -integrado por medio centenar de organizaciones- propone un cambio constitucional por el cual ninguna empresa podrá contar con más de 35 módulos fiscales de tierra.

Fundos superiores a esa medida -que varía de región en región- serían incorporados a la reforma agraria por el poder público.

Así, la población está llamada a organizar, entre los días 1° y 7 de septiembre próximos una contribución al tema a través de las urnas.

El FNRA está compuesto por 54 organizaciones y entidades. Se suman en el impulso al plebiscito la Asamblea Popular y el Grito de los Excluidos, entre otros movimientos sociales.

Entidades como la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y el Consejo Nacional de las Iglesias Cristianas apoyan activamente la iniciativa.

La población está llamada a la recolección de firmas para forzar una enmienda constitucional que reforme el artículo 186 de la carta magna, que refiere al cumplimiento de la función social de la propiedad rural.

“Se trata de una cuestión que interesa a todos, pues establecer un límite a la propiedad significa democratizar el acceso a la tierra y posibilitar la radicación del hombre en el campo, evitando así los múltiples problemas que causa la migración a las ciudades”, señala Luis Bassegio, militante de la Asamblea Popular y del Grito de los Excluídos.

“Debemos Trabajar en una reforma agraria inclusiva, que cuide el hecho de la alimentación a la población, sin venenos y que confisque las tierras en las que se emplee trabajo esclavo”, plantea Ladislau Biernarski, presidente nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra.

La esclavitud no es ajena al Brasil de hoy: en los últimos 25 años, casi 2.500 casos de trabajo esclavo han sido registrados, implicando a 163 mil trabajadores.

Temas críticos en la actualidad brasileña se conectan con esta consulta y la mega concentración de la tierra. “El elevadísimo consumo de agrotóxicos, la alteración del Código Ambiental en favor del agronegocio, el control de las trasnacionales sobre la tierra y el agua son debates que atraviesan la actual coyuntura política brasileña, a lo que debería agregarse la campaña electoral hacia el relevo de Luiz Inacio "Lula" Da Silva.

Ilustración: Brasil de Fato