En paralelo a la militarización de la zona, el gobierno peruano apela a las herramientas judiciales para terminar definitivamente con los reclamos.

Un comunicado divulgado ayer por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) confirma que su presidente, Alberto Pizango, declarará mañana en una fiscalía provincial acusado por delitos de “rebelión, sedición y motín contra la tranquilidad pública”, según consta en el escrito que enviaron a la organización desde la sede judicial.

Tras la notificación, la Aidesep denunció una campaña de los principales actores de gobierno contra los líderes indígenas, y se quejó porque no existen interlocutores válidos para discutir los asuntos de fondo, es decir los impactos que sufrirían las comunidades con la privatización de los recursos.

Puntualmente, los indígenas condicionan el cese de las movilizaciones a la anulación de nueve decretos legislativos que benefician a capitales privados en la concesión de emprendimientos extractivos en la Amazonía, sobre todo petroleros, gasíferos y mineros.

Las protestas comenzaron hace más de un mes, y han incluido movilizaciones callejeras “solidarias” en varias ciudades, y bloqueos de vías terrestres y fluviales. Otro comunicado de la Aidesep, que fue difundido en la jornada de ayer, advierte a los ministros de Defensa y del Interior que los grupos indígenas no caerán en las “provocaciones del gobierno”, en clara alusión al inminente envío de efectivos militares a la zona.

Aseguran que si el conflicto se radicaliza será por absoluta responsabilidad del gobierno, que ha radicalizado sus posiciones y ha caído en una actitud “intransigente”.