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12 de mayo de 2011 | | |

Viejo lobo

Reforma del Código Forestal en Brasil: el agronegocio reunido y al acecho

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Decenas de organizaciones sociales brasileñas rechazan el proyecto de reforma del Código Forestal en debate en la Cámara de Diputados, presentado por el legislador del Partido Comunista Aldo Rebelo. La iniciativa sería votada ayer por los legisladores, pero fue pospuesta en medio de un clima caliente.

Agrupaciones de trabajadores, campesinos sin tierra, ambientalistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, entre muchas otras, rechazaron el sábado la propuesta reformista en un seminario nacional realizado en San Pablo para analizar el tema, convocado por más de 20 entidades sociales y en el que participaron cientos de personas.

La iniciativa tiene el fuerte respaldo de la bancada parlamentaria ruralista y de los representantes del agronegocio en Brasil. Ayer no se votó en la Cámara de Diputados porque, entre otras cosas, el oficialista Partido de los Trabajadores denunció que el texto presentado en el plenario por Rebelo era diferente al estipulado antes del inicio de la sesión. Hubo acusaciones cruzadas y gritos enfurecidos en sala.

Según denuncian diversos movimientos y organizaciones sociales brasileñas, el proyecto busca reducir las Áreas de Preservación Permanente y extender las amnistías para los empresarios rurales multados por el Estado por deforestación de monte nativo. En suma, señalan las agrupaciones, la iniciativa flexibiliza la protección de los bosques y facilita esos espacios y zonas preservadas a los agronegocios. La pauta busca también, por ejemplo, la derogación de las medidas que limitan la actuación del capital extranjero en la agricultura y su compra de tierras.

Entre las decenas de grupos que rechazan la propuesta de Rebelo y convocaron al seminario en San Pablo, se destacan: la Asociación Brasileña de Estudiantes de Ingeniería Forestal, Núcleo Amigos de la Tierra Brasil, la Central Única de Trabajadores (CUT), la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar, el Movimiento de Afectados por Represas, el Movimiento de Mujeres Campesinas, la Marcha Mundial de las Mujeres y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST). Varios de estos grupos están aglutinados en La Vía Campesina Brasil.

Una mirada desde el campo

La legislación ambiental es un “obstáculo” para la ofensiva de las empresas transnacionales, del capital financiero y de los hacendados capitalistas, dijo en la actividad en San Pablo el dirigente João Pedro Stédile, del MST y de la coordinación de La Vía Campesina Brasil.

Stédile sostuvo, según información difundida por el MST, que los objetivos centrales del agronegocio son: garantizar la amnistía financiera para los latifundistas que deforestaron e incumplieron la ley, terminar con la Reserva Legal (categoría de la ley brasileña que establece la obligación a las propiedades rurales de preservar la vegetación nativa en un porcentaje que depende de la región) y abrir la frontera agrícola para que se expandan las empresas forestales y celulósicas.

“Hay fuerzas, energías en la sociedad, para barrer con esas manipulaciones del poder económico”, manifestó el dirigente. “Estamos esperanzados en que se cree un clima en la sociedad para que la Cámara vete esta propuesta. Si no, que la vete el Senado o la presidenta Dilma”, agregó. El campesino propuso además la convocatoria a un plebiscito nacional para que el pueblo decida si quiere modificar o no el Código Forestal.

Ese Código “es una legislación innovadora, que está pautada por la utilización sustentable de los bosques. Al contrario de lo que dicen los ruralistas y sus aliados, el Código Forestal no genera áreas improductivas”, había advertido La Vía Campesina Brasil en un comunicado circulado en diciembre. La legislación actual define que por “encima de los intereses privados y del lucro” están los intereses de toda la sociedad brasileña, agregó.

Agronegocio versus agricultura familiar

En tanto, la ex ministra de Medio Ambiente y ex candidata a la presidencia brasileña, Marina Silva, afirmó el sábado en el encuentro en San Pablo que “en lugar de andar hacia adelante, vamos hacia atrás” con la discusión sobre cambios en el Código Forestal.

La política brasileña evaluó, siempre según la información difundida por el MST, que el agronegocio no concuerda con la Constitución de 1988 (promulgación), que garantiza la función social de la tierra, ni particularmente con el artículo 225, que considera al medio ambiente saludable como un derecho de todos los ciudadanos. “Ellos (promotores de la reforma al Código Forestal) no se conforman con eso y en toda oportunidad que tienen quieren revocar la Constitución y le cabe a la sociedad mantener el derecho constitucional de un ambiente saludable”, dijo.

Silva, ex senadora del Partido Verde, reclamó además al gobierno de Dilma Rousseff una política forestal que cree las condiciones para que los agricultores puedan producir, generar sus ganancias, preservar el medio ambiente y recuperar lo que fue degradado.

A su turno, la secretaria de Medio Ambiente de la CUT, Carmem Foro, apuntó que es necesario que la sociedad enfrente los intereses de las empresas transnacionales de la agricultura. “No hay necesidad de flexibilización del Código Forestal, si no nos organizamos los intereses del agronegocio se sobreponen a nuestras vidas”, aseguró.

Por su parte, el asesor especial del Ministerio de Medio Ambiente brasileño, Luiz Antonio de Carvalho, aseguró en San Pablo que el gobierno nacional no acepta la disminución de la Reserva Legal y de las Áreas de Preservación Permanente. “La presidenta Dilma mantendrá su posición, que fue defendida inclusive en el período electoral, de no aceptar amnistías a los deforestadores”, apuntó de Carvalho.

A fines de marzo La Vía Campesina Brasil y la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar presentaron una propuesta unificada para proteger los bosques y recuperar las áreas deforestadas ilegalmente, en contraposición con el proyecto de reforma del Código Forestal de Rebelo.

“A diferencia del agronegocio que puede destruir la tierra que usa y después apropiarse de otras tierras de manera ilegítima, nosotros, los agricultores y las agricultoras familiares, así como también los campesinos, tenemos una relación histórica con nuestras tierras. Sin ellas, somos empujados hacia las ciudades”, indicó el comunicado conjunto. La propuesta promueve una postura activa del Estado, que incluya la generación de políticas públicas destinadas al fomento de la agricultura familiar.

Foto: http://www.culturadigital.org.br

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