Por ejemplo, el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh) denunció el domingo 26 de diciembre a través de un comunicado que su sede central había sido militarizada, en plenas vacaciones del magisterio.

Responsabilizaron a Lobo por continuar con las políticas neoliberales tendientes a privatizar la educación “en toda el área mesoamericana”, y que ha arremetido contra el Copemh porque lo identifica como un actor que podría frenar ese proceso, según informó la Red Morazánica de Información.

“Con la educación en manos de la oligarquía y de los empresarios se acaba el libre pensamiento y en cambio a ellos se les genera millones de ganancias”, aseguran los maestros, que en 2010 se movilizaron contra la implementación de la nueva Ley General de Educación.

Por otra parte, y de acuerdo a información que también divulgó la Red Morazánica, el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” –también conocido como Las Chonas-, informó que el 21 de diciembre fue asaltada su sede en Tegucigalpa.

Los agresores seleccionaron algunos documentos y también entraron a las computadoras del local. La organización de mujeres considera que ese hecho delictivo es “una manifestación más de la permanente vigilancia, acoso, persecución y represión de que somos objeto por resistirnos, desobedecer e ignorar al régimen de Porfirio Lobo Sosa”.

Por otra parte, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) responsabilizó el 15 de diciembre a un grupo de jueces y de fiscales del Ministerio Público por el intento de secuestrar documentación confidencial.

Ese mismo día fue detenida una de las integrantes de esta organización, Elba Rubio, que también es periodista de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. Ella, junto a otra integrante de la emisora, Elia Hernández, deberán comparecer ante un juzgado el próximo 11 de enero, acusadas por el delito de desobediencia.

La decisión la tomó el juzgado del municipio de Amapala, luego de la detención de Hernández y Rubio, durante el desalojo de familias campesinas en la comunidad de Coyolito, en la isla de Zacate Grande.

Estos episodios arbitrarios fueron denunciados por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMARC - ALC), que le exigió a las autoridades hondureñas la inmediata anulación del proceso penal, según informó la agencia de noticias Púlsar.

Foto: Agencia Púlsar